Alerta Nacional:

La Discapacidad

no es un gasto de ajuste

Escrito por

Martín Baldassarre

Experto en Accesibilidad

Activista impulsor de la

Ley Argentina

de Accesibilidad Web

Miembro de DALAT

Como militante histórico por los derechos de las personas con discapacidad, alerto que la decisión de eliminar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y trasladar sus funciones al Ministerio de Salud no es solo una medida administrativa o económica. Es una decisión política que impacta directamente en nuestra autonomía y en la forma en que el Estado concibe la discapacidad.

La discapacidad no es un gasto que pueda ajustarse.

Es una cuestión de derechos humanos.

¿Por qué estamos en alerta?

Vaciamiento institucional de las políticas de discapacidad

La eliminación de un organismo específico implica la pérdida de un espacio estatal dedicado a diseñar, coordinar y monitorear políticas públicas integrales. Al subsumir la discapacidad en una cartera sanitaria, se debilita el enfoque transversal y se refuerza una mirada reducida a lo médico.

Riesgos en la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD)

La ANDIS ha tenido un rol central en la normativa y articulación federal del CUD, herramienta clave para el acceso a derechos. La desaparición de este organismo genera incertidumbre sobre la continuidad de criterios comunes y puede profundizar desigualdades territoriales.

Retrocesos en accesibilidad física y digital

La accesibilidad no es una cuestión sanitaria, sino un derecho. Sin una autoridad específica que impulse y supervise políticas de eliminación de barreras, existe un riesgo real de debilitamiento en el cumplimiento de las normas de accesibilidad en entornos físicos, digitales y comunicacionales.

Debilitamiento del cumplimiento del cupo laboral

El cupo laboral para personas con discapacidad en el Estado requiere control, seguimiento y decisión política. Sin un organismo especializado, su cumplimiento efectivo corre el riesgo de quedar relegado o invisibilizado.

Pérdida de participación y representación

La existencia de una agencia específica no es solo operativa. Es también un reconocimiento institucional de las personas con discapacidad como sujetos políticos con voz propia. Su eliminación reduce los espacios de participación en las decisiones que nos afectan.

No vamos a aceptar un regreso al modelo médico ni asistencial.

Las personas con discapacidad no somos pacientes ni beneficiarios de caridad. Somos ciudadanas y ciudadanos con derechos exigibles.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es clara: las políticas públicas deben construirse con nuestra participación activa.

Nada sobre nosotros sin nosotros.

Desde Fundación DALAT, defendemos políticas de discapacidad con enfoque de derechos humanos, accesibilidad y ciudadanía plena.